El ánimo define, por caso, la naturaleza de la marcha de la economía, el temple de las instituciones. No es el mismo ánimo el que impulsa el funcionamiento de la justicia, o del periodismo, en democracia que en una dictadura.
En sociedades como la nuestra, en tránsito democrático —después de todo, veinte años no es nada—, las formas de la democracia luchan palmo a palmo para imponerse a las formas y métodos de la dictadura. Conviven en un estrecho e incómodo espacio los discursos sobre la libertad de expresión y la tolerancia del poder respecto de la libertad de expresión.
No me estoy refiriendo aquí a la polémica por el uso de los recursos de publicidad del Estado y su reparto en los medios; tampoco de la polémica de la senadora Fernández de Kirchner con determinado periodista o diario, sino de la naturaleza misma del ánimo que lleva a perseguir a un periodista o medio porque rompe con la pasividad mediática frente al poder.
Estoy exponiendo sobre la furia que impulsa a quienes pretenden en esta comunidad callar a quienes, como periodista o medio, se han convertido en un canal de expresión de todo aquello que disconforma al ciudadano estándar, a ese individuo que vota, que pide justicia; a ése que es víctima del delito y ve cómo el sistema protege al delincuente y no a él; al vecino al que le aumentan las tasas y los servicios y nadie le da respuesta por los desaguisados que ocurren cotidianamente, cualquiera sea el ámbito de que se trate.  
En ese ánimo, que el ciudadano común tenga la posibilidad de expresarse, ser escuchado, quejarse y saber qué sucede realmente en las entrañas del poder, en ese ánimo, el ánimo opuesto se expresa en acciones cargadas de revancha  y buscando callar, por la vía penal o el acorralamiento económico, a quienes se le atreven al poder.  
El concejal Julio Lobato presentó en julio de 2005 una denuncia en mi contra ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, organismo dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El 28 de julio, con la representación letrada del doctor Guillermo Ledesma, contesté esa denuncia en la que Lobato argüía que este medio pretendía impedirle que se expresara ante la comunidad en pleno ejercicio de sus facultades discriminándolo al caracterizarlo de “gordo". El edil sostuvo en esa presentación que se lo discriminaba con dichos que utilizaban “la burla, la crítica y el sarcasmo". Obviamente negué que tal situación fuera cierta y que se buscase aquí  impedirle alguna cosa.
La respuesta, no obstante, llegó de la mano de un dictamen del INADI firmado por la doctora Elizabeth Moscoso Klappstein, que dice así: “Analizando el material aportado por el denunciante, se deducen fácilmente dos cuestiones: primero, la mayoría de las noticias que el denunciante considera que se mofan de él, en realidad sólo contiene información sobre sus dichos políticos y sus acciones como concejal; en segundo lugar, revela un tono jocoso que no sólo es utilizado para referirse al denunciante sino también hacia otras personas, lo cual es una sana muestra de la tolerancia como valor político en nuestro país".
Agrega la doctora Moscoso Klappstein: “la manera en la cual el señor Lobato es tratado en el diario tiene un contorno caricaturesco y es opinión de la doctrina y la jurisprudencia que el ánimus iocandi desplaza al ánimus injuriandi, contornos muy burdos que es evidente no están destinados a formar opinión o instalar debate en tema de fondo de la sociedad". Dado todo lo expuesto, el INADI desestimó la denuncia.
Es cuestión de ánimo. El mío es el de seguir develando lo que ocurre en los pliegues del poder para beneficio del vecino común, ése al que sí a diario, los que tienen poder buscan perjudicarlo con ánimus jodendus. A ése al que ninguno de ellos le tiene el más mínimo respeto, real no formal.