Un drama moderno, un delito tecnológicamente difícil de combatir, es el de sustracción de identidad. Son varios los casos que han llegado a nuestro conocimiento en la ciudad, que literalmente han enloquecido a las víctimas casi sin poder encontrar solución a su problema.
En la semana recién concluida, el diario La Capital publicó un recuadro que rezaba: “Quedan 2.500 documentos por devolver en la fundación de Acción Marplatense". Digo: ¿cómo es que un grupo privado, una fundación que depende de una organización política partidaria, maneja el destino de documentos extraviados que, según cita el medio, los obtiene mediante una requisa efectuada en las seccionales de policía de la ciudad por medio de un convenio?
No salgo de mi estupor, qué quiere que le diga. Hay un decreto ley específico, con el número 1054/99, en el cual se prevén una serie de supuestos penalmente cargosos al respecto de la posesión indebida de DNI.
Según las cuentas que surgen claramente de la nota publicada en La Capital, se hallan en poder de la fundación de Acción Marplatense unos 2.522 documentos nacionales de identidad, en algunos casos desde hace dos años. ¿En base a qué regulación estatal un particular retiene en su poder datos privados? Datos que sirven para acceder a las cuentas del titular, conocer su dominio registral de muebles e inmuebles, por ejemplo. Los DNI en poder de Acción Marplatense permiten, sin más, montar un partido político. Sí, ya sé: Pulti ya tiene uno. Actualizar la base de afiliados también es factible.
Un DNI da un número, un nombre, una dirección. Permite, por qué no, contactarse con la gente haciéndole saber que tienen, en la dirección de la fundación, su particular y privadísimo documento de identidad. Hay normas concretas para el manejo de documentación: el propio Registro Nacional de las Personas está obligado a destruir los DNI si, transcurrido un tiempo, las personas no pasan a retirarlo por la delegación que corresponda.
En su gran mayoría, los DNI que se colectan en las seccionales provienen de hallazgos en la vía pública por extravío, o del descarte de carteristas y arrebatadores, un saldo del delito omnipresente en la ciudad. La colecta de los mismos se documenta, hay un registro protocolizado; nadie conoce siquiera el andamiaje legal que sustenta este “servicio a la comunidad".
Es harto conocido el delicado estado financiero por el que atraviesa Acción Marplatense. Las historias de enormes cantidades de cheques devueltos por instituciones financieras, la cercana relación de Gustavo Arnaldo Pulti con “Garrafa" Pérez, hoy bajo escrutinio legal por acusaciones de sobrefacturación de horas extras en el EMDER, son, entre otras, cuestiones a tener en cuenta a la hora de que, bajo la pretensión de un servicio comunitario, un particular que actúa en política pueda operar con semejante caudal de documentos públicos sin una estructura legal que haga entendible y sostenible estas acciones.
Hay 2.522 personas en la ciudad sin su identidad, cuando menos sin el sustento legal que da el DNI. En dos años nadie las ubicó, nadie las contactó ni les mandó un correo para avisar que el documento estaba disponible. Es, como mínimo, llamativo, y debería alertar a las autoridades responsables al respecto.