Como tantos otros medios, busqué conversar con Rosso al respecto, pues  tamaña cuestión no era para dejarla pasar, y lo conseguí en una entrevista que le realicé al edil en la 99.9. En la charla, el concejal no fue capaz de aportar una sola precisión al respecto, si bien insistió en que había presentado la denuncia en la seccional de Batán.
Por unos meses, el tema durmió el sueño de los justos. Un tiempo después  consultamos a dicha dependencia policial y, para nuestra sorpresa, la denuncia no existía: Rosso sólo había hecho una exposición, y nada más. Más tarde, Rosso y Gustavo Pulti protagonizarían el conocido “bluff" de las cámaras ocultas, vinculando a la fiscalía de Pablo Poggetto, un programa de América TV y una supuesta investigación que no concluyó en nada, que sólo sirvió para martirizar a una buena persona como José Ferraresi.
Por todas estas cuestiones puntuales y otras más, la impronta que Rosso y Pulti le imponen a Acción Marplatense es poco seria, enfermizamente dirigida a obtener protagonismo desde una óptica alejada de la política en sus cánones racionales. Así de poco serio y sólo buscando hacer política de cualquier modo se puede llegar a la barbaridad de constituir un centro propio de recupero de documentación.
Según reveló el inspector Guillermo Britos, Acción Marplatense inició en 2004 un expediente buscando llegar a un acuerdo para que las seccionales de policía le entregasen los documentos extraviados. El expediente de marras aún no tiene respuesta oficial, razón por la cual todo lo efectuado hasta ahora —es decir la entrega de documentos por parte de las seccionales y la recepción por parte de AM— es más que ilegal.
Britos ordenó de inmediato que dicha actividad fuera suspendida y no atendió los ruegos de un secretario de Pulti que, planillas en mano, pretendía justificar el accionar de la fundación. La llamada, además, según el propio Britos, ocurrió en el preciso momento en que di por concluida la entrevista al jefe policial.
Al momento de escribir estas líneas, Acción Marplatense todavía retenía 2.522 DNI, sin que algún fiscal se haya hecho cargo de un hecho ya suficientemente público e irregular. El ex subcomisario Fabián Uriel Fernández Garello, el fiscal  general adjunto Juan Manuel Pettigiani o el fiscal en turno, ninguno ha movido medio dedo para cerrar esta irregular situación potencialmente delictiva. Y decirlo así no es sólo una frase.
En su sitio www.identidadrobada.com, el abogado Daniel Monastersky revela las trampas más comunes que hoy sufren los ciudadanos ante la sustracción  de identidad. Monastersky es abogado de un empleado público, Hernán Guardia, al que en 1997 le robaron su documento nacional de identidad en nuestra ciudad. Con el mismo se obtuvieron créditos en cinco bancos, los cuales lo enviaron al Veraz, hoy lo acosan con juicios, y lo han transformado en poco menos que un paria social.
En esta misma edición pueden verse reflejadas las opiniones vertidas al respecto por Oscar Pagni, secretario de gobierno de General Pueyrredon, y Nora Barrientos, del Registro de las Personas, que claramente indican la naturaleza perfectamente apartada de lo legal en que incurre Acción Marplatense. No es una opinión: es la ley.