Pulti ha desarrollado una intensa campaña para dar mentís a esta publicación, que tiene por principal mérito poner en la atención de los poderes públicos el irregular accionar de estos políticos locales, por lo menos de aquellos que bajo un manto de samaritanismo violan la ley de manera ostensible.
Es obvio que la conducta claramente ilegal de Pulti y Acción Marplatense debe ser puesta en cintura. Nada espero del fiscal general, el ex sub-comisario Fabián Uriel Fernández Garello, que no podrá aducir que no ha tomado nota de estos hechos, pues sé perfectamente que es un consecuente lector, aunque lo niegue en público. Lo digo con toda claridad: Garello está incurso en la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público al no actuar en consecuencia en este tema, haciendo cumplir la ley como corresponde.
¿Y qué corresponde? Veamos. En mayo de 2003 ingresó a la Comisión de Legislación del Concejo Deliberante una nota de un grupo de ex combatientes que pretendía armar un centro de recuperación de documentos: DNI, cédulas de identidad, carnets de conductor. A esa propuesta, la comuna de General Pueyrredon le contestó: “La Ley 17.671 establece, en su sección segunda, entre las funciones del Registro de las Personas en su apartado (F) la recepción y ulterior restitución a sus legítimos titulares de documentos nacionales de identidad extraviados que hubieren sido hallados por terceros". Pero, en realidad, el Registro no está en condiciones de la restitución, pues para hacerlo debería contar con un perito en huellas; sin dicho profesional, no es posible efectuar la devolución, ya que la huella dactilar es el único elemento indubitable del documento.
Hasta donde se conoce, Acción Marplatense no cuenta con un perito en huellas que cumpla con la Ley; además, la propia ley, en su artículo 13 bis establece: “toda persona que encontrare documento nacional de identidad deberá entregarlo en dependencia policial, juzgado de paz, o registro de las personas más cercano". Nada de que el personal policial le entregue a un particular que administra un partido político los documentos. Menos hoy, cuando la utilización de DNI para cometer el delito de usurpación de identidad es ya un tema eje del delito en la Argentina.
En relación con el expediente presentado por la Asociación de Ex combatientes, el Concejo dictaminó: “para que dicha opción (un centro privado de recepción y entrega de documentos perdidos) sea procedente, debería existir norma habilitante de la misma jerarquía que aquella que regula la expedición del documento". Es decir la Ley, y la Ley ya sabemos que no habilita a que ningún privado, fundación o no, actúe de dicha manera. El dictamen está firmado por la abogada Ximena Benítez y el doctor Ernesto Liébana, director de Asuntos Administrativos de la Secretaría Legal y Técnica, con fecha 5 de junio de 2003.
Y agrego: cuando la cuestión fue tratada en comisión, era secretario de la misma el concejal Marcelo Jorge Artime. Por lo tanto, mal puede Acción Marplatense alegar ignorancia legal o funcional al respecto.
¿Qué diferencia hay entre aquellos conservadores de la década del 30 que retenían la documentación de sus peones, y esta acumulación de documentos en manos de Acción Marplatense? Ninguna. Esperemos que no quede consagrada la misma impunidad de aquellos años.