Llegado al lugar, allí responden al pedido también más o menos así: “Aquí ya no los podemos entregar más por una denuncia que hizo José Luis Jacobo. Vaya a la radio 99.9 y pregúntele a él". Por supuesto, la gente pasa por alto la ironía y llama, en su feliz ignorancia, creída de que es mi culpa que sus documentos no le sean devueltos. Pavada de poder.
O sea: una solicitud mía y se terminó la jauja. ¿No será demasiado? ¿No será necesario reflexionar sobre la verdadera naturaleza de las cosas? Mi conducta tuvo que ver, en el caso de la entrega de documentos por parte de Acción Marplatense, con poner en foco lo irregular de la situación.
Según la publicación del diario La Capital, Acción Marplatense poseía unos 2.500 DNI en su poder, algunos de ellos desde hacía más de dos años. En el expediente judicial que procura el fiscal federal Gutiérrez, la fundación admite que tenía en su poder, al inicio de las acciones procesales en curso, unos 247 documentos. Ahora: de 2.500 a 247 hay una diferencia. Entonces: o no los entregaron todos, o algo está mal en la información publicada.
Y no debería ser errónea, pues el fiscal general Fabián Uriel Fernández Garello sostiene que el diario La Capital es tan creíble que ha recomendado su lectura en horas de clase para mejor ilustración del alumnado de General Pueyrredon. La información debería ser impecable. Si una autoridad político judicial tan relevante lo plantea, uno debe suponer que efectivamente AM tenía, al 6 de agosto, exactamente 2.522 DNI. Si esto es así, ¿dónde están los DNI faltantes en la requisitoria judicial?
Éste es un interrogante auténtico. ¿Abordará esta situación Gutiérrez o se quedará en formalidades? El comisionado Guillermo Britos ya declaró, y ahora tienen fecha para declarar como testigos Gustavo Arnaldo Pulti y Héctor Rosso, entre otros.
Es realmente una falta de respeto que cuando la gente va a la fundación de AM le mientan aduciendo que ya no entregan documentos por un capricho mío. Deberían, en todo caso, reconocer que violaban la ley, que es lo que concretamente hacían. Que la gente llame a la radio no me molesta; hasta ahora encontré en muchos de los que llamaron sencillamente ignorancia. Y me pregunto qué queda para los ciudadanos de a pie si toda la comunidad judicial y política no advertía lo que ocurría ante sus narices.
Es posible que en el estado de indiferencia jurídica que vive nuestra sociedad estos dirigentes políticos locales ahora reciclados como pata local del “duhaldismo" residual no hayan advertido que violaban la ley; o que creyeran, como ya tuvieron oportunidad de probarlo, que la ley no hace caer su imperio sobre ellos. Como sea, el procedimiento judicial está abierto, pese al poco entusiasmo del fiscal Gutiérrez por llevarlo adelante.
Hay que hacer notar la situación de abandono en que se encuentran las tareas básicas del Estado: la policía, por ejemplo, no recepta ni controla el destino de documentos de identidad perdidos o hallados luego de un robo. Hace unos días, el comisionado Britos me señalaba que existe una oficina del Correo Argentino que atiende tales menesteres; sin embargo, en el Correo Argentino nadie sabe nada.
Mientras tanto, el delito de robo de identidad crece a día a día. Sin que nadie se ponga colorado de vergüenza. Total, “andá y preguntale a Jacobo".
Pobre sociedad. Pobres nosotros.