Hará falta mucho, especialmente en lo que al EMViSUr se refiere, para dar un cambio de tono que efectivamente permita advertir al ciudadano de a pie que algo se ha modificado para bien.
La infame montaña de basura —eso que insisten en llamar predio de disposición final de residuos—, los temas de mantenimiento de alumbrado público extraordinario o el bacheo, que ya se ha tornado una suerte de misión imposible, son los ítems principales en esta lista de pendientes. Es tan poco el tiempo que le queda a esta administración comunal, que es un interrogante más saber si habrá capacidad para cambiar algo, por mejores y funcionales que sean quienes han asumido los cargos.
La administración tiene una capacidad para armarse desaguisados que es un dato que no se puede dejar de lado al momento de analizar la política de la ciudad. Jorge González viene de la Secretaría de Obras. Ha dejado con su partida, en manos de su reemplazante, el arquitecto Norberto de Paz, algunos entuertos complejos, como la controversia entre vecinos del sector costero de la ciudad y un consorcio que pretende construir en Güemes y la costa un edificio de 16 pisos, consorcio al que por decreto se le había dado autorización en 2004.
Es un dato obvio que la construcción de edificios es un puntal de la economía de la ciudad. Los vecinos en queja reclaman por un derecho no consagrado, el derecho a la vista al mar, derecho que intentó poner en valor el juez del Tribunal Oral Federal Néstor Parra cuando comenzó la construcción de los edificios de Aldrey Iglesias frente al parque San Martín. Recordemos que la Justicia dijo nones, y allí están las dos torres con su magnífica vista al mar, en un escenario privilegiado, a razón de dos mil quinientos dólares el metro cuadrado.
Igual suerte corrieron los vecinos de la calle Matheu, que pedían que no les anularan la vista al mar, aunque lo de ellos es un tanto sui generis, pues solicitaban se mantuviera la posibilidad de ver el mar desde ventanas sobre la medianera, un derecho que de tan difuso era de imposible aplicación. Allí, aunque a ritmo lento, ya se está construyendo: la obra quedó constreñida a ocho pisos, que es lo que el Código de Ordenamiento Territorial permite.
La cuestión en torno a esta obra a localizarse en Güemes y la costa es que pretenden dieciséis pisos, con lo cual la media, ya sea por aplicación del Código o por excepción, excede toda norma factible de ser contemplada.
En la superficie hay preguntas sin responder: ¿por qué se le dio un decreto de autorización a la empresa Lagrasta para esta obra? La empresa compró, basó seguramente sus cálculos de inversión en el decreto de marras, y multiplicó peso invertido por metro cuadrado para obtener un cálculo económico en el que fundó tanto la inversión como la proyección de rentabilidad.
El Ejecutivo dejó explicitada su decisión en 2004, pero ahora, en 2007, ante la queja de los vecinos, su requerimiento de ser atendidos por los concejales y la exposición pública de algunos de éstos, envía el expediente al Concejo con un texto del secretario de Legal y Técnica, Alejandro Vicente, pretendiendo que las comisiones de Obras y Legales se expidan aconsejando sobre aspectos técnicos de la cuestión.
Se supone que para que Daniel Katz haya firmado la resolución que por decreto autorizaba a la firma Lagrasta a dar inicio a las obras, debió de existir un seguimiento del tema, un consejo legal y un informe técnico. Si fue así, ¿qué sentido tiene el envío al deliberativo y la formalización de un pedido de aporte técnico que, como dijo el concejal Juan Carlos Cordeu, es algo jamás visto?
No se trata sólo de que haya mala gente que vive buscando mugre: se trata de no hacer mugre por andar distraído navegando a la deriva.