Este medio publicó en sus ediciones del 12 de diciembre de 1999 (nº 115) bajo el título “Lava-narco-petro-dólares", del 7 de mayo de 2000, “El Ángel caído", y en a del 13 de agosto de 2000 (nº 150, “Ángel... las películas") los más completos informes que se hayan publicado sobre la relación entre los integrantes del cartel de Juárez, Aldo Ducler, Ángel Salvia, Nicolás Di Tullio, la abogada Alicia Rodríguez y un conjunto de funcionarios judiciales que intervinieron en las distintas causas penales abiertas en las jurisdicciones de Provincia y Nación.
Sobre el contexto de la nueva situación creada a partir del asesinato de Salvia, se extiende en su columna en esta edición Carlos Cañón, que despliega allí interrogantes que comparte el fiscal Molina Pico, acusador en la muerte por asesinato de María Marta García Belsunce, quien vincula ambos crímenes con el cartel de Juárez por la conexidad que se expresa, a criterio del fiscal, en la persona de la contadora Laura Helena Burgués.
Página 12 salió a desmentir al fiscal Molina Pico, sosteniendo que desde el juzgado de Canicoba Corral —al cual le atribuyen el copyright de la causa Salvia - cartel de Juárez— negaban que hubiese alguna conexión entre los asesinatos de García Belsunce y Salvia. Por su parte Marcelo Abálsamo, abogado de Salvia, sostuvo en un raid de medios en Mar del Plata que Canicoba Corral había sido separado de la causa hace un año, y que se estaba a la espera del nombramiento de un nuevo juez.
Para ser precisos: nunca se investigó nada a fondo en estas causas. Recordemos que la primera causa revistaba en el fuero penal local, que el fiscal era el hoy camarista Aldo Carnevale, y el magistrado de garantías era Marcelo Augusto Madina, quien mantuvo una dura puja de posiciones en torno a las implicancias de las investigaciones llevadas a cabo por la fiscalía. Fue un tiempo particularmente tormentoso, a punto tal que se comentaba insistentemente que las decisiones del juzgado de Madina, favorables a Salvia, costaron 40 mil dólares pagados en un vehículo Honda 4 x 4 adquirida al contado.
A mediados de 2006 sostuve un encuentro con Ángel Salvia en la cafetería-comedor de la estación Shell de la localidad de Las Armas. Allí le pregunté sobre la versión de la compra de ese vehículo para “zafar" de la causa penal que tenía en el juzgado de Madina. Él esbozó algo parecido a una sonrisa, no sin un dejo de tristeza. Y me largó: “Jacobito, eso fue lo mas barato de todo". Me saludó con un “ya me jodiste bastante", y se marchó en compañía de una mujer más joven, ignoro si se trataba de Karina Pilli. No lo volví a ver.
Lo real es que, como ha dicho su abogado, han pasado ya ocho años desde que se iniciaron las primeras denuncias, han intervenido todos los foros procesales y nada se sabe con certeza y conforme a derecho acerca de cuáles son las responsabilidades criminales que le pudieran caber a cada uno de los encartados en estas causas por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Salvia está muerto, Canicoba Corral está apartado de la causa. Que alguien le avise a Página 12 que con el encausado muerto, la causa cae en abstracto, y todo vuelve a fojas cero. Otra frustración que nos aleja aún más del estado de derecho.