Son actores centrales de este nuevo drama de la vida política y social marplatense el ex representante de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, hoy número 2 de dicha cartera, “Tucho" Casas; el actual delegado del Ministerio y ex secretario general de la CGT José “Pepe" San Martín, la senadora provincial Adela Segarra y el diputado provincial Juan Domingo Novero, secretario general del SIMAPE. Este elenco no pudo, no quiso o no supo contener la escalada que finalmente derivó en los acontecimientos de estas semanas: el puerto cerrado a la actividad pesquera, los derechos de los trabajadores conculcados, el esencial derecho constitucional al libre tránsito arrastrado por el fango y millones de dólares perdidos en trabajo, producción y exportaciones. Y si hablo de escalada es porque esta historia viene cimentándose desde mayo de este año.
Esta crisis no apareció de un día para otro, y está cebada políticamente. Casas, antes de ser funcionario público, fue autor de las cooperativas de fileteado de pescado, y conoce al detalle la problemática de las mismas.
Estas cooperativas formaron parte de una estrategia que permitió dar una salida laboral al sector cuando la convertibilidad ahogaba los costos de las empresas. Entonces, cuando se habla de cooperativas “truchas", Casas comprende cabalmente el término.
San Martín es todo un caso. Alguna vez señalé que este personaje es, en sí mismo, una auténtica curiosidad. De tanto en tanto anda envuelto en trifulcas que llegan a las manos, y no precisa guardaespaldas porque es su propio “matucho". No hay que hacer demasiada historia: luego de semanas de un piquete a las puertas del establecimiento ARHEPEZ, la policía debió intervenir por la prepotencia demostrada por el delegado de la Subsecretaría de Trabajo más que por la violencia de los piqueteros.
Que hay intencionalidad política es un hecho: ni bien se consolidó el piquete, se hicieron presentes en el lugar Raúl Calamante, del CTA, dirigentes del Polo Obrero y las infaltables Vilma Baragiola y Adela Segarra. Ésta última, además, concurrió con abastos alimentarios para los integrantes del piquete.
Han hecho fila para acusar al intendente Daniel Katz de la situación, acción posible sólo porque éste es un año electoral. Porque, ¿qué tiene que ver Katz con la pesca? Institucionalmente hablando, nada. La seguridad, además, está en manos de la Provincia y de la Nación; el municipio no controla las fuerzas que la componen, y mucho menos tiene injerencia en la justicia. En materia de poder de policía de trabajo, la competencia le es tan ajena que ni vale la pena ahondar en el asunto.
En estos años se ha hecho un gran esfuerzo por dotar a las coperativas de un espíritu realmente cooperativo. No es una tarea menor, es un cambio cultural de proporciones dramáticas. El actual estado de las cosas, lejos de ayudar, complica, máxime cuando actores centrales de esta historia hacen la del tero o permiten a medradores de la cosa pública encaramarse en los dramas reales de la gente de trabajo.
Estamos todavía dando vueltas en otro capítulo desgastante de piquetes y miseria para beneficio de unos pocos vivos que hacen su agosto de la necesidad ajena. Esa necesidad por la que, precisamente, dicen “luchar".