No se trata meramente de la persona del fiscal general, el ex subcomisario de la Bonaerense Fabián Uriel Fernández Garello. Garello es el efector público de un sistema concebido para aumentar la burocracia estatal, garantizar el control político del sistema penal y ejecutar una ideología extremista que dice que en el sistema capitalista los burgueses se apoderan de la renta, y que la plusvalía debe volver de alguna manera a los desposeídos. Si es por medio de la violencia, que así sea.
Es todo un sistema el que protege al delincuente basándose en una curiosa interpretación de la ley. En 30 días la policía detuvo en distintos procedimientos a unos 96 motoqueros involucrados en actos delictivos; en todos los casos, los fiscales que intervinieron caratularon la situación como “encubrimiento", por lo que en su mayoría los encartados salieron en libertad antes de que el personal policial terminara el papeleo correspondiente a dichas acciones.
El intendente Daniel Katz reveló hace unos días que por turno hay unos 250 efectivos en servicio, apenas el doble de patrulleros que en Necochea, cuando Mar del Plata tienen 700.000 habitantes y Necochea 130.000.
La situación de equipamiento y personal en la policía es crítica. El reclamo motorizado por Erico Dagatti es lógico: si no hay efectivos provinciales, que se disponga de fuerzas federales para, por lo menos, achicarle el territorio a la población delictiva que vive entre nosotros.
La propuesta, avalada por casi 5.000 firmas, provocó reacciones entre quienes se dicen “progresistas". Probablemente la más notoria fuera la de Roberto Atilio Falcone, que salió a decir que “ahora sólo falta que pidan los tanques". Esa sola frase constituye una profunda y grave falta de respeto a los derechos humanos de las familias robadas, asesinadas, violadas por una delincuencia desenfrenada que no tiene límites porque nadie se los pone. Hacerse el chistoso con los padres, madres, hermanos, tíos o esposos de las mujeres abusadas sexualmente no parece ser una conducta elogiable.
Según nos relatan fuentes dignas de crédito, está en marcha una reorganización del ministerio público a cargo del flamante fiscal general adjunto Oscar Deniro. Una fiscal de su absoluta confianza, Andrea Gómez, tomaría a su cargo los temas que hoy desesperan a los funcionarios policiales, esto es, el concepto con el que se rotula el accionar delictivo en la ciudad. Esta movida desnudaría el despropósito que se cumple aquí cuando los fiscales, sin distinguir un episodio de otro, encartan todo bajo el rótulo de “encubrimiento". Ricardo Monner Sanz —al que no creo que se pueda estigmatizar de “facho" o de ser alguien que pide que salgan los tanques a la calle— me señalaba hace unos días, hablando sobre la valija que intentó ingresar al país el venezolano Antonini Wilson: “Tengo fe en que la fiscal María Luz Rivas Diez irá por el extremo de las posibilidades que le da la ley en materia penal". En criollo: hay un delito; frente al delito, hay distintas consideraciones. El fiscal es el dueño de la acción, porque así lo dice la ley. Pero lo que la ley no dice es que el fiscal deba hacer de fiscal, juez y defensor. Los fiscales, como dice Monner Sanz, deben ir por el extremo posible de la ley, no por la exculpación inmediata y seriada de delincuentes.
Es necesario un cambio de paradigma en democracia, uno que deje en claro que la seguridad no es un capítulo del pasado, sino un requerimiento del presente. La democracia es el continente global que debe privilegiar la vida en paz de todos, y no la impunidad y los negocios espurios de unos pocos.