Las acciones desplegadas por los jueces Roberto Atilio Falcone, Mario Portela y Néstor Parra, de consuno con algunas organizaciones autocalificadas como organizaciones por los derechos humanos, han generado detenciones de militares y policías en funciones en aquellos años, provocando una actividad judicial que ha revelado a borbotones recortes de esa realidad pretérita que tanto empeño se ha puesto en evitar que emerjan.
Uno de esos capítulos ocultos aún para la gran mayoría de los ciudadanos es el rol de los civiles que acompañaron y formaron parte de la mayor tragedia social, política, económica y humanitaria que le tocara vivir alguna vez a la sociedad argentina.
De las acciones volcadas de las audiencias del Juicio por la Verdad han surgido otras, que llevaron a la detención, entre otros, del ex comisario general (retirado) Manuel Héctor Asad. Asad supo integrar los cuerpos de la Bonaerense en los años en que Ramón Camps era el jefe indiscutido de la vida y la muerte de millones de personas. Asad está hoy detenido en una causa que surge de testimonios de sobrevivientes de los campos de concentración por hechos acontecidos en la seccional IV de nuestra ciudad.
Desde un principio del juicio he sostenido que ni Falcone ni Portela califican para estar a la cabeza del procedimiento judicial que fuese tras la verdad de lo ocurrido en aquellos años. He publicado suficiente al respecto, y como es sabido, la respuesta de ambos ha sido impulsar querellas en mi contra con el objetivo de presionarme para que me calle. El camino elegido por ambos no ha sido el mejor para ellos, pues no han logrado el objetivo mencionado.
Retornando a la causa Asad, que procura con gran entusiasmo el juez Alejandro Castellanos, en la declaración indagatoria se originó una situación que ha llevado a la defensa de Asad a solicitar se cite a testimonial, al efecto de evacuar citas, al integrante del TOF Mario Portela en su carácter de ex secretario de la Cámara 2da de Apelaciones en lo Penal de Mar del Plata integrada a la época por los jueces Vallejo, Dartiguelongue y Radziunas.
La solicitud no es vana. Dice la presentación de la defensa de Manuel Héctor Asad que “de cara a la culpabilidad de mi defendido en los hechos que se le imputan (n de la r: crímenes de lesa humanidad) y en atención a que expresara haber actuado en cumplimiento de una norma vigente con anterioridad al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la cual imponía el alojamiento de detenidos a disposición del Poder Ejecutivo en dependencias policiales, se solicita se interrogue al Dr. Portela, notable magistrado cuyo rol como miembro del tribunal en los denominados “juicios por la verdad" lo convierte en testigo de alta representatividad".
¿Qué pide la defensa de Asad? Concretamente, que Portela declare si en sus visitas habituales a la comisaría Cuarta conocía el alojamiento de los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo nacional e incluso un área restringida anunciada por un cartel visible en la puerta del calabozo, en donde los mismos se encontraban.
Castellanos se ha negado a someter a Portela a interrogatorio, lo cual no descarta el hecho central y develado de que Portela era funcionario judicial de la dictadura, que concurría habitualmente a la seccional IV y que, en palabras del encartado Asad, conocía al detalle lo que allí ocurría cuando menos en torno al área de detención de prisioneros a disposición del Poder Ejecutivo nacional.
Lo dicho: acontecimientos de un pasado que insiste en ser presente.