Opinión

José Luis Jacobo

  • José Luis Jacobo

    Sobres putas y prostíbulos

    Fue en este medio y esta columna con mi firma donde advertimos de la relación entre actores judiciales y prostitución en Mar del Plata. Bajo el título Sobre putas y desaparecidas, revelábamos allá por 1998 la relación entre el fiscal federal Marcelo García Berro y la meretriz Verónica Chávez.
    En aquella ocasión señalé que en una reunión en la que estaban todos los magistrados federales de la época, y ante un enardecido Jorge Ferro, Roberto Atilio Falcone lanzó su ya conocido “¿y quién no anduvo alguna vez de putas?”.
    Siempre he sostenido que el no esclarecimiento de ninguno de estos crímenes es algo más que impericia o ineficiencia. Hoy, las revelaciones que colocan a Eugenio Zaffaroni como poseedor de departamentos en los que funciona o ha funcionado una red de prostíbulos indican que, en las entrañas del poder, prostitución, drogas e impunidad son parientes inseparables.

Cabe aquí recordar que Zaffaroni, ministro de la Corte, cuando en el país se discutía fervorosamente la despenalización del consumo de marihuana, no tuvo reparos en señalar que “una plantita se puede tener”. Este nuevo escándalo del progresismo despenalizante, abolicionista del estado de derecho, estalló a partir de una publicación de Perfil, que lo sindicaba a Zaffaroni como habitante de un lujoso caserón de Caballito. Y que además, en el 2000 había adquirido un monoambiente en la exclusiva zona de Recoleta, que hoy está rentado a unos inquilinos que no pasan desapercibidos, ya que allí trabajan tres mujeres que se dedican a la prostitución.
Zaffaroni, imbuido de la retorcida idea que expresan algunos colegas suyos de estar protegidos por el amplio paraguas de los derechos humanos, creyó que conversando con Víctor Hugo Morales podría zafar de la situación que hoy lo expone frente a la opinión pública. Así que, graciosamente, disparó: “este escándalo me evita el desalojo”. Pero esta historia en caída libre recién comienza, y se une a la que ha arrasado con la santidad de Hebe de Bonafini, defendida por el abogado “por los derechos humanos” Raúl Barcesat por la modesta suma de $1.080.000. 
Todo es plata e impunidad. Para García Berro, para Falcone, para Zaffaroni, para Bonafini, para Barcesat, “el amplio paraguas de los derechos humanos” les ha servido para llenarse los bolsillos y negociar la sangre derramada. Estas situaciones no son casuales, marcan el fin de un ciclo dominado por la más soez utilización de los recursos públicos a partir de un discurso travestido de interés por los derechos más inalienables de la condición humana. 
A la denuncia de la ONG La Alameda ante la Procuración General de la Nación, se suma la del abogado Ricardo Monner Sanz, quien demanda la inmediata renuncia de Zaffaroni. Arguye Monner Sanz que el magistrado dueño de los departamentos en los que se desarrollan o desarrollaban los negocios prostibularios no puede integrar un órgano del Estado del que también es miembro Carmen Argibay, que ha hecho de la lucha contra la trata “su lucha”.
El por qué de tantas cuestiones está por salir a la luz, de modo brutal e impensado.

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Martes, 22 de Mayo de 2012
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Opinión por José Luis Jacobo

Brutal indiferencia

Catorce gremios conforman el entramado que articula la actividad de la pesca en Mar del Plata. Actúan como entes del Estado SENASA, AFIP (Aduana/DGI), OPDS, el organismo de control ambiental de la provincia de Buenos Aires, y obviamente Prefectura Naval Argentina. Si se trata de las plantas de procesamiento, la comuna de Gral. Pueyrredon también articula un damero de actores para efectuar controles. Los millones que genera la pesca derraman de manera radial en esta comunidad, y es una de las actividades de mano de obra intensiva más importantes de este conglomerado urbano.

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