No es de extrañar que esto sea así: hay que proteger los millonarios negocios de verano de Florencio Aldrey Iglesias. ¿Acaso alguien imagina que le iniciarían un expediente y lo obligarían a abonar $2.500 al gárrulo de Boulevard Marítimo? Además, ¿quién forzará a hacer trámites y contribución alguna a Chacho Berrozpe, Mario Puche u otros conocidos buscas locales que hacen de líderes populares cuando corten calles, quemen gomas o cualquier otra tropelía que se les ocurra? Creerlo sería un pecado de inocencia.
Por fuera del Concejo Deliberante -lo que equivale a decir por fuera de la representación política de la ciudad- y a través de Facebook, ha comenzado una movida ciudadana que proclama la necesidad de defender la libertad de ejercer el derecho constitucional de expresarse libremente. Aquí la idea de una oposición meramente testimonial se diluye ante el imperio de la vocación ciudadana de hacer de la democracia un espacio real. Es un escenario impensado para Gustavo Arnaldo Pulti, que actúa ya desembozadamente como lo que es, un sujeto autoritario que desprecia al individuo del común, que cree que el poder es la suma de complicidades, y no la sana gestión en la búsqueda del bien común.
Desde la política, hasta ahora salieron a dar su parecer Hernán Alcolea -“es inconstitucional”- y Maximiliano Abad -“limita peligrosamente la libertad de expresión”-. Es evidente que esta norma está destinada al fracaso, no resiste nada, ni jurídica ni políticamente; es como el delirio que había llevado a querer cobrar a los comerciantes derechos de publicidad por cualquier banner de marcas comerciales en el interior de los negocios de la ciudad. 
No se ha privado el lord mayor de volver sobre temas sensibles a la fecha y a esta comunidad: la seguridad. Anunció que ya está terminado el expediente administrativo para adquirir el predio para la escuela de policía local, puntualizando: “es parte del compromiso que tiene la gestión para con la seguridad”, y aprovechó, ante un auditorio mediático complaciente, para hacer más anuncios sobre la instalación de cámaras de seguridad. Parole, ya que nada de toda esa parafernalia de anuncios impidió la muerte de Sofía Ponce, de 17 años, en la noche de Navidad, ni el despojo sufrido por extranjeros que han llegado por el Dakar dentro del Hotel Hermitage.