Los sucesos de las últimas semanas, es decir el pedido de adelanto de fondos por parte de la empresa para pagar sueldos al personal, más el paro de 18 horas que sufrió la compañía durante las dos primeras jornadas del año, muestran que hay una situación que por lo menos no es la adecuada para los intereses de la comunidad.

Hay demasiados puntos en conflicto. Transportes 9 de Julio solicitó y obtuvo un ajuste en su contrato por algo más de tres millones de pesos en 2004 —al cambio, un millón de dólares— bajo el argumento de la fuerte variación de precios que provocó el abandono de la convertibilidad. A quienes cuestionamos la aceptación de ese reclamo se nos dijo que el ajuste estaba perfectamente documentado, y que además, en otros municipios los ajustes habían sido superiores al concedido aquí. Para avalar la decisión concedente se insitió en que la misma estaba respaldada por la Confederación de Municipios de la Provincia de Buenos Aires, entidad cuasi fantasma de relevancia institucional nula.

Hecho este espléndido pago —reitero, un millón de dólares— vino la historia, el cómic de la licitación del servicio: la UTE conformada por Transportes 9 de Julio y Brother in Law le ganó la partida, entre otros, a Benito Roggio, un verdadero gigante en el rubro.

Se nos dijo, además, que con esta licitación la municipalidad tomaba control del servicio de manera eficiente, pues el contrato anterior, prorrogado en dos oportunidades, era muy conveniente para la empresa y poco efectivo para los intereses del municipio.

Finalmente, y debido a una maniobra del gremio de camioneros —socio en las sombras y enemigo público número uno de la empresa— que actuó de modo tal que la UTE no se hizo finalmente cargo del contrato, éste quedó en manos de Transportes 9 de Julio. Cuando pregunté acerca de esta novedosa circunstancia, se me respondió que si se iba a otra licitación, el precio de la prestación subiría. En esta versión, las empresas del sector consultadas dejaron el campo hecho orégano para que la misma conjunción de intereses se mantuviera en la ciudad. ¿Cartelización? Sí, claro, ¿qué otra caracterización se puede hacer ante estos hechos?   

En esta hora la comuna ha desembolsado otro millón de dólares para esta empresa que se maneja con enorme discrecionalidad en el cumplimiento del contrato. La flota de camiones tiene, como mínimo, un lustro de antigüedad, lo que quedó palmariamente demostrado cuando se hizo aquella rumbosa presentación de unidades coordinada por el presidente del Emvisur y los jerarcas visibles de la compañía. De las unidades exhibidas, sólo dos tenían chapa alfanumérica iniciada en la letra F, lo que indica que esos camiones son modelo 2005 o 2006. El resto son modelos antiguos para estas lides. Las barredoras mecánicas de última generación brillan por su ausencia. Si alguien las ve, que avise, así sacamos fotos. 

Para el momento en que estoy escribiendo esta columna, miércoles 18 de enero, han transcurrido ya 11 días desde que el intendente Daniel Katz me asegurara que la compañía fue multada por sus reiterados incumplimientos en el servicio. Aseguró, en una entrevista que le realizara en la 99.9, que en horas tendría yo en mis manos copia de las sanciones. Nunca sucedió: o nadie lo escucha entre su funcionariado, o las lealtades de esos funcionarios son para con la empresa y no para con la sociedad. Los papeles no los recibí, y ya me da para pensar que nunca van a llegar.

Desde la empresa, en “off the record", se ríen de todos. De mí también, claro está. Porque dicen que arreglan con el que importa, con el capanga de la ciudad. Lo demás es un detalle formal sin importancia. Y el capanga en esta ciudad es perfectamente identificable. Pero sólo daré iniciales: Florencio Aldrey Iglesias.

Siendo así, qué ilusorio es esperar explicaciones.

¿O no?