Hago una breve cita histórica. La figura del ombudsman fue creada en el siglo XIX por la corona sueca; el motivo era establecer un diálogo entre el vulgo y la monarquía, buscando así evitar la instauración de un parlamento democrático surgido del voto popular y también los abusos del funcionariado. En ese contexto, en 1809 es creada esta figura.
Una de los requisitos que se impusieron en Suecia para designar el cargo era que el individuo fuera un prestigioso jurista, que estuviera dedicado íntegramente a la función y que fuera honorable e imparcial.
Entre nosotros, el modo en que se llegó a la designación, de manera corporativa y sin participación ciudadana por medio del voto, ha creado un marco institucional gravísimo: de las tres personas designadas, sólo una cumpliría acabadamente con los requisitos esenciales, la titular Beatriz Arza.
Quien recientemente fuera incorporado al cargo, Cristian Azcona, viene de una compleja, por momentos confusa historia vinculada a su rol como titular del Foro de Seguridad de la Seccional Cuarta, cargo del que partió eyectado en medio de versiones de corrupción hasta hoy nunca aclaradas. No es abogado, su representación está otorgada por un grupo de ONG, todas ellas vinculadas al sector político que encabeza Juan Garivoto, y carece completamente de algo que pudiera calificarse como prestigio para este cargo público u otro.
Este largo introito es para ubicar al lector en el escenario que se da en relación a la actuación de Mónica Felices, ombudsman adjunta de activo protagonismo mediático. Recientemente, Felices obtuvo sus cinco minutos de fama nacional al dar a conocer una recomendación en el sentido de prohibir la realización de una fiesta electrónica (rave) en el Polideportivo de nuestra ciudad.
Felices se subía así a un debate —algunos medios hablan de polémica— en torno al mencionado tema entre el ministro de Salud de la Provincia, Claudio Mate, y la comuna. La relevancia dada por los medios nacionales a la cuestión en un verano planchado de noticias fuertes dio alas a lo que ahora sabemos fue un exceso de Felices en las funciones propias del cargo que detenta.
Precisamente así lo plantea la defensora titular, Beatriz Arza, en la actuación 2332 de fecha 19 de enero del corriente año, quien le ha comunicado a Felices que: “Más allá de que ha dictado una resolución contraria a uno de los fines esenciales que inspiraron la creación de la Defensoría del Pueblo, cual es la defensa irrestricta de los derechos humanos, toda vez que la defensora adjunta propugna de hecho la prohibición o la censura estatal de actividades culturales, como son la música, la danza, ello so pretexto de la prevención de conductas ilícitas que no hacen a su esencia (consumo de tóxicos) y/o la supuesta nocividad que a criterio de la firmante (ndr: Mónica Felices) la actividad representa para el cuerpo humano".
La doctora Arza sostiene que prohibir las fiestas electrónicas equivale a prohibir las carreras de autos para prevenir lesiones u homicidios culposos; o partidos de fútbol para evitar disturbios. Asimismo le reclama a Felices que guarde decoro en sus presentaciones públicas, que no actúe o dé recomendaciones sin haber cumplido con las reglas que enmarcan el accionar de la Defensoría, y que extreme los recaudos para en el futuro no se produzcan situaciones como las ocurridas en esta desubicada y desafortunada intervención. 
También le hace saber a Felices de manera específica que en el futuro deberá abstenerse de tomar intervención en asunto alguno sin previa delegación de la titular.
En sencillo: Mónica Felices debe guardar su lugar, requerir autorización de Arza  para accionar y abstenerse de efectuar recomendaciones de carácter general. Un poco de sentido común, algo que cualquier práctica sana de la vida debe contener.