Ya parece no haber tiempo: José Reynaldo Cano deja el 1 de julio el cargo de secretario de Hacienda de la comuna de General Pueyrredon. Tropiezos a diario con otros secretarios, una oleada de rumores que plantean un “doble comando” -se ha llegado a decir que Cano es “otro intendente”- convencieron a Gustavo Arnaldo Pulti de que debía dar un golpe de timón en una zona más que crítica y, aunque al momento de escribir estas líneas, el lord mayor guarda el nombre del reemplazante bajo siete llaves, la sucesión estará ocupada por Mariano Pérez Rojas, militante político del PSP con importante rol en la “Manuel Belgrano” en la década del ’80.
Actualmente, Pérez Rojas se desempeña como secretario académico de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMdP, y cuenta con un equipo que se tiene fe para introducir cambios importantes en la gestión municipal.
La incorporación de Pérez Rojas y su equipo implica que hay otra área bajo el manejo de dirigentes provenientes del socialismo, ya que Acción Social cuenta al frente a la también ex PSP María del Carmen Viñas, de paupérrima gestión hasta el momento en esa cartera.
Estos cambios no son en sí mismos una suma; más bien restan capital político, dadas las alianzas que rodean al intendente y de las que debe dar cuentas en Champagnat y Alberti, o en el Hermitage.
Los hechos referidos al retiro de la ordenanza fiscal impositiva en la pasada sesión del Concejo habrían sido parte del momentum final de Cano. Pulti viajaba hacia La Plata - Capital Federal (¿intentará batir el kilometraje de su predecesor?) cuando desde el celular José Reynaldo Cano le planteó que si la ordenanza se aprobaba tal cual, renunciaba. La orden, entonces, llegó vía telefónica: “retiren la ordenanza ya mismo, que hay problemas otra vez con Cano".
De ahí al papelón, nada. La explicitación pública de la orden política le tocó a Héctor Rosso, que buscó aclarar lo inaclarable: que faltaban unos cambios, que se debe incluir la tasa de control que afecta la actividad portuaria, y que dicha tasa eleva la recaudación en unos dieciséis millones de pesos por año.
El costo está a la vista: por un lado se apuró y exigió a los bloques de la oposición que acompañaran la ordenanza. Se dijo que era vital, que no hacerlo era atentar contra la gobernabilidad, y una cantidad interminable de etcéteras. Luego del papelón vinieron las quejas. En particular es dable atender las del concejal de la UCR Walter Malagutti, que ha entendido que los radicales deben acompañar la gobernabilidad y dejar expedito el camino para el mejor funcionamiento de la gestión. Pero resulta que la dupla Cano-GAP lo dejó en llamas frente a sus propios conmilitones. Y lo que es de suponer, sin mayor espacio para acompañar un nuevo esfuerzo en aprobar la vital ordenanza.
Por otra parte, el esfuerzo de cobertura mediática para presentar como victorias municipales decisorios judiciales, vale de poco. La administración comunal ha hecho publicar que obtuvo cinco victorias jurídicas de seis presentaciones hechas por las cámaras del sector. En los cinco casos se asevera que la justicia da razón a la comuna al pretender cobrar una tasa de reinspección sanitaria aunque haya similar tarea hecha por SENASA. Pero falta mucho aún, porque las presentaciones van a ir en apelación a la Cámara y todavía está por verse si no hay una instancia federal de por medio en tan conflictiva cuestión.
Por fuera siguen los anuncios día y noche, a todo tren mediático, pero en la realidad no hay gestión, y los problemas se acumulan. Un dato grave, diría gravísimo: el concejal del FPV Carlos Filippini exudaba entusiasmo esta semana al relatar lo que para él es la reafirmación de poder en la gestión, representada por la designación de Osvaldo Lalanne como persona de consulta de los funcionarios de gobierno en materia de transporte público de pasajeros. Es decir: cada vez más, asuntos delicados para la gestión pasan, antes de ser resueltos por el escrutinio de su directo jefe político, por Osvaldo Lalanne.
Nada cambia, y ya ni siquiera se transforma.
Martes, 22 de Mayo de 2012
Mar del Plata, Buenos Aires - Argentina
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Catorce gremios conforman el entramado que articula la actividad de la pesca en Mar del Plata. Actúan como entes del Estado SENASA, AFIP (Aduana/DGI), OPDS, el organismo de control ambiental de la provincia de Buenos Aires, y obviamente Prefectura Naval Argentina. Si se trata de las plantas de procesamiento, la comuna de Gral. Pueyrredon también articula un damero de actores para efectuar controles. Los millones que genera la pesca derraman de manera radial en esta comunidad, y es una de las actividades de mano de obra intensiva más importantes de este conglomerado urbano.