Dijo Encina Androver: “viví en el boliche Al diablo desde noviembre de 1999. Ahí trabajé como encargado de limpieza y mantenimiento. El dueño es Carlos Latte, a quien conocí por que yo solía ir a bailar allí".
Dice Encina Androver haber habitado el lugar hasta principios de agosto del 2001 cuando -según relata en la IPP C.9119- “fui echado del trabajo junto a Santiago por el robo de unos equipos, nos echaron los dueños Latte y Omar -no recuerdo su apellido- creo que trabaja en la municipalidad, creo que es secretario del turco Salas. Este Omar atendía la barra del medio del boliche".
Quiero recordar que en trabajos anteriores señalé que en el contrato firmado en la administración Fischer Bauer para el uso del sótano en que funciona “Al diablo", el teléfono de contacto que figura  resultó ser el de la presidencia del bloque del PJ, hecho que data cuando menos de 1999. En la ocasión hablé con Salas del tema y no le dio ninguna importancia; es más, me hizo saber de su fastidio por mi preocupación al respecto.
Desde entonces hasta ahora, el boliche “Al diablo" ha sido motivo insistente de comentarios en la ciudad, especialmente por las prácticas habituales, que según describe Encina Androver consistían en drogarse en los baños, y llevar niñas allí frecuentemente, usando las instalaciones como “bulo".
Es notable la cuestión económica según la visión del testigo: “Latte tenía un Ford K azul metalizado, lo cambió por una Traffic roja, se compró además una moto Honda XR 600. Omar, cuando empezó a trabajar tenía un Volkswagen blanco, y pocos meses después lo cambió por un Peugeot 106".
Estas son sólo algunas de las historias que circulan. Unas, estampadas en causas penales, tanto federales como del fuero provincial. Otras, simplemente corren de boca en boca en la ciudad. Todas se funden una y otra vez en el mismo círculo de poder en la ciudad y sus innumerables trastiendas.
Varios de los integrantes de la fauna de “Al diablo", incluido el propio Latte, han estado en la mira de los investigadores por temas muy calientes de la Mar del Plata de la noche.
Este esquema es el que drena a diario la confianza ciudadana. No es lógico escuchar de boca del fiscal general, Fabián Uriel Fernández Garello, cuestiones tales como que la ley que ha dado a las autoridades provinciales participación en la lucha en contra de la droga tiene defectos de redacción, o que no cuenta con el personal suficiente  para emprender dicha tarea. El problema no es la cantidad de personal, el problema es quién integra ese personal.
Si los que están en la justicia tienen procesos abiertos por desaparición de personas, confiesan ser consumidores de prostitución o están investigados por su probable participación en la venta de droga, el círculo se cierra. Si ellos emplean armas para amenazar a ciudadanos indefensos y luego manipulan los expedientes para no dejar huellas, casi todo lo que se debe investigar en la ciudad termina vinculado de una u otra manera al poder político y judicial.
En este contexto, la labor de los investigadores policiales de renombrados crímenes, bandas de narcos u otras organizaciones criminales, siempre acaba tropezando y yendo a vía muerta  por los múltiples factores que se entrelazan en la fauna local.