El 24 de marzo de 1976, el golpe de Estado más anunciado de la historia contemporánea, arrojaba de la Rosada a Isabel Martínez viuda de Perón e instalaba en el Gobierno nacional a la junta militar integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti.  
El curso que se eligió definió en buena medida el futuro, es decir, nuestro presente. La denuncia presentada recientemente contra los jefes militares de entonces a cargo del ADA 601 y la Base Naval con asiento en nuestra ciudad, es un buen ejemplo de ello. La nota extraña la constituye el hecho de que la denuncia involucra también al juez Pedro Federico Hooft, en una construcción que lleva a los denunciantes a afirmar que por esa época existía una asociación ilícita conformada por el citado magistrado y los jefes militares.  
Los militares imputados fueron, en todo caso, partícipes voluntarios de los acontecimientos que marcaron la política criminal de las juntas para dar una solución definitiva al problema del terrorismo. Podrían, si hubieran estado en desacuerdo con dicha política criminal, haber pedido la baja, pero no es ajeno a nuestra conciencia histórica que el disenso en ese ámbito era motivo de deshonor, y podía pagarse hasta con la vida. Quienes asumieron en el servicio de justicia lo hicieron, en cambio, por imperio de su propia conciencia.
La denuncia en contra de Hooft sostiene poder probar setenta hechos criminales, incluidos los lamentablemente popularizados bajo el nombre de “la noche de las corbatas". La cuestión se apoya en expresiones de Marta García viuda de Candeloro, sobreviviente de aquel brutal momento.
A inicios de 1984 entrevisté a Marta García en LU6. Puedo presumir de buena memoria, y asegurar que en aquella ocasión no se mencionó a Pedro Hooft. Y no era cualquier momento, sino el primer año de democracia, cuando aún los Falcon, verdes o no, circulaban temerariamente por la ciudad.
En ese mismo año fui invitado por el Colegio de Abogados local a integrar un panel sobre Derechos Humanos. La mesa de expositores estaba integrada, entre otros, por Hooft. Allí tampoco nadie dijo esta boca es mía.
Ahora bien: de aquella realidad a ésta, ¿qué pasó? ¿Qué cambió para que  caigan únicamente sobre este magistrado estas imputaciones criminales? En esta ciudad, juraron en la justicia penal por las actas del Proceso, entre otros: Gastón Federico Lomme, secretario de Hooft; Simón Isaach y su entonces  secretario Mario Portela, hoy integrante del Tribunal Oral Federal; el actual camarista José Reinaldo Fortunato, y el ex juez de primera instancia Enrique Aníbal Ferraris. ¿Y resulta que el único que debe rendir cuentas es Hooft? ¿O el único habeas corpus que cuenta es el que se presentó en nombre de los abogados secuestrados?
Y qué decir de la Cámara de Apelaciones. ¿Acaso no llegaban allí los amparos? Siempre a tenor de la denuncia, si Hooft no daba curso a los amparos, éstos se apelaban. ¿Qué hacían Eduardo Dartiguelongue, Carlos María Vallejos y Edgardo Radziunas cuando llegaban las apelaciones?
He sido, soy y seré de la idea de que uno de los errores más graves del retorno a la democracia ha sido el de admitir la continuidad en el ejercicio de la magistratura de quienes juraron por las actas del Proceso. La historia no fue:  es lo que hacemos hoy.
No sé que será de Hooft. Era adulto y supongo que libre cuando tomó sus decisiones, y sabrá defenderse solo. Pero no puedo dejar de preguntarme: ¿dónde estuvo todos estos años, entre otros, Julio D’Auro, ex detenido desaparecido, sobreviviente de aquel horror? ¿O todos los que hoy se apiñan para la foto? Y lo que más me intriga: ¿por qué poner esta historia tuerta que anuncia buenos y malos, probos y réprobos, sin atender los hechos reales de la época?
Parece que no aprendemos nada. Seguimos sin comprender que el futuro es hoy, y que el mañana nos juzgará por nuestros actos presentes. A todos sin excepción.