Algo de eso hay en una reciente encuesta que vuelve a colocar la falta de empleo como una preocupación más importante que el cuestionamiento a la corrupción. No hay que engañarse, estas cuestiones van y vienen al flujo de la actividad económica: a menor satisfacción económica más cuestionamiento a la dirigencia y su método de enriquecerse, de apoderarse del patrimonio público.
En 1997, el economista Rudiger Dornbush declaró en el Foro de Davos a periodistas argentinos que anticipaba un futuro dorado para nuestro país. En aquel análisis, Dornbush planteaba a los colegas que en la medida en que la economía evolucionara, la gente dejaría de lado el tema de la corrupción como una cuestión central. Y agregó: “ustedes, los periodistas, deben mantenerlo en la tapa de los medios; allí pertenece la cuestión de la corrupción".
Y aquí estamos. Luego de la semana en que Gustavo Larrieu fue detenido para quedar a disposición del fiscal Pablo Poggetto, cuando aún no se le habían quitado las esposas con las que se lo trasladó desde la seccional policial de Coronel Vidal, en el recinto del Concejo Deliberante marplatense estallaba otro escándalo que ya tiene sujetos a proceso y testimoniales y en condiciones de ir a juicio oral y público a funcionarios de la administración pertenecientes a la línea interna del Intendente, la Corriente de Opinión Nacional. Veamos.
El 6 de febrero de este año ingresaba un proyecto de ordenanza que buscaba aprobación del Concejo para otorgar permiso de uso y ocupación de un terreno fiscal perteneciente al Banco de Tierras de la comuna a Raúl Héctor de Benedetto. El trámite se inició con una nota escrita por el propio de Benedetto y continuó con otra nota a mano alzada, en este caso escrita y firmada por Vilma Rosana Baragiola, a la sazón secretaria entonces de Desarrollo Social del municipio.
La misiva, sumamente vulgar, estaba dirigida al arquitecto César Regidor, militante de la CON, integrante del espacio político del oficialismo, un habitué de la privada del Intendente. En ella, la ahora diputada nacional le requería a Regidor que se tomara nota del pedido, ya que a ella se lo solicitaba “Aníbal".
Aníbal es Aníbal Drago, secretario privado del Intendente, el hombre que dialoga a diario con las organizaciones piqueteras en la ciudad y hacia quien se dirigen las miradas cuando de evaluar cómo se llegó a los desquicios de subsidios de fondos públicos a estos grupos se trata.
Ésta es una historia sin inocentes, sorprendidos o distraídos. Todos tienen años de militancia política, y todos viven hace años del presupuesto público.
De Benedetto, el requirente de tierras municipales —un terreno de quinientos metros cuadrados— declara al momento de solicitarlas, según la asistente social María Antonia Conti, gozar de buena salud general, ninguna enfermedad invalidante y ser padre de dos hijas en edad escolar. El informe es extenso, y desnuda la situación extrema y cruel en que subsisten un padre de familia y sus dos hijas. De todos modos, no es demasiado diferente de la que padecen miles o millones de personas en nuestro país. Y es terrible, claro.
Pero hay un ordenamiento jurídico establecido, y está para ser respetado. Cuando se lo viola, se le quitan oportunidades a miles de otros excluidos. La militancia política no es un justificativo, y al hacerlo de esta manera rápidamente se transforma en otra cosa: en un paternalismo conservador que transforma al dirigente político en padre dadivoso, y al funcionario en un sujeto factible de ser sometido a  procesos penales que una y otra vez ahondan la distancia con el vecino del común, ese tipo de a pie que tiene aún a flor de labios el “que se vayan todos".