El mecanismo funciona habitualmente como un rito: “tal como señala la (Suprema) Corte..." etc., etc., a partir de lo cual se justifica una posición en particular. De resultas, el ciudadano de a pie asume que lo dicho por la Corte, cualquiera de ellas sea y en la ocasión de que se trate, es cosa juzgada.

Este esquema funcionó en el fallo que restituyó la beba inscripta en el Registro Público de las Personas como Micaela Abigail Ramos —Lucero para las familias sustitutas de los Hogares de Belén— a sus padres biológicos. En el decisorio que firmaron Horacio Font, Juan Manuel Cazeaux y Juan José Azpelicueta, al tiempo que se sostenía que “el abandono de la pequeña no había sido comprobado", se hacía abundante cita de distintos pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, los que refieren que la mejor decisión es la de optar siempre por la madre en relación con la tenencia de los niños.

Citar a la Corte, de Provincia o Nación, es ya un rito. Se le suele justificar bajo el concepto de “economía procesal". En sencillo: si la Corte lo dice, ¿para qué vamos a analizar el caso? Ahorremos tiempo, si ya está hecho. De esta manera, el abstracto ocupa el lugar de los hechos. Sin los hechos, las resoluciones judiciales son un abstracto sin sentido hasta que algo ocurre. Por caso, el asesinato de Abigail-Lucero.

Dicen que los jueces hablan por sus sentencias. La de esta sala de la Cámara Civil está manchada de horror, el horror de la tortura sufrida por la bebé, por las quemaduras de cigarrillo que le infligían a diario. Eso sí: está fundada en un fallo de la Suprema Corte provincial. Hasta hoy, momento de escribir estas líneas, los tres jueces y la escriba del tribunal se curan en salud. El silencio, ya sabemos, es muy saludable, si de evitar responsabilidades se trata.

Pero volvamos al rol de los pronunciamientos de la Corte en nuestro orden legal. Aducen los integrantes de la Sala 3 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial: “En nuestro régimen constitucional y legal ninguna norma obliga a acatar la jurisprudencia de la Corte Suprema". ¿Se entiende? Si Font, Cazeaux o Azpelicueta hubiesen prestado atención a los hechos; si asesores de menores, psicólogos, sociólogos y toda la batería de expertos y entendidos que pagamos con nuestros impuestos hubiesen prestado atención a lo que ocurría, la bebé no estaría muerta, sus progenitores biológicos no la habrían torturado y asesinado. Porque no habrían tenido oportunidad.

Hay un debate abierto; o varios, pero particularmente uno que parece escaparse de la vista de todos: es imperioso que se abra un proceso de juicio político en este caso. Los integrantes de “Hogares de Belén" han hecho una pregunta hasta ahora sin respuesta: ¿quién pagó los honorarios del abogado Leonardo Navarro? Porque él jura que trabajó gratis, pero resulta curioso que la sentencia que envió a Abigail-Lucero a la muerte, previa tortura, hable de “intereses contradictorios" entre los padres biológicos, representados por Navarro, y el matrimonio formado por Silvia Patti y Velindo Ardiles, padres sustitutos de los Hogares de Belén que buscaban quedarse con la guarda definitiva de la niña. Navarro representó a ambas parejas. Entonces, ¿existió un acuerdo económico incumplido? El interés de la Suprema Corte provincial, que ha reclamado el expediente íntegro, quizá sirva para encontrar respuestas ocultas hasta hoy.